Europa Extiende el Plazo para Prohibir la Munición de Plomo en la Caza Terrestre

La Unión Europea, a través de la decisión de su Comité REACH, ha otorgado una prórroga de siete años para la implementación de la prohibición del uso de municiones de plomo en la caza terrestre. Aunque esta medida busca reducir la dispersión de este metal tóxico en el ambiente, ha generado un intenso debate entre los defensores del medio ambiente y los representantes del sector cinegético.

Detalles de la Nueva Regulación y su Impacto

En una reunión celebrada el 29 de junio de 2026, el Comité REACH, órgano conformado por representantes de los Estados miembros, acordó extender el plazo propuesto inicialmente por la Comisión Europea de tres a siete años para la eliminación de la munición de plomo en la caza. Esta decisión excluye explícitamente las balas de uso militar y las utilizadas en el tiro deportivo.

El objetivo principal de esta reforma, enmarcada dentro del Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas), es combatir la contaminación por plomo. Este metal es un conocido neurotóxico capaz de causar graves daños a la salud humana y animal. La Agencia Europea de Sustancias Químicas había recomendado prohibir la munición de plomo tanto en la caza terrestre (donde ya está vetada en ecosistemas acuáticos desde 2023) como en el tiro deportivo. Esto se basa en proyecciones que indican que, sin una prohibición efectiva, se liberarían aproximadamente 876.000 toneladas de plomo en el medio ambiente durante los próximos 20 años.

La justificación para la exclusión de las balas se fundamenta en su consideración como esenciales para la capacidad de defensa europea, argumentando que la industria podría verse comprometida en el actual panorama geopolítico. En cuanto al tiro deportivo, la exclusión responde a la necesidad de mantener la uniformidad en el entrenamiento y la competición, ya que ciertas modalidades aún requieren el uso de municiones de plomo. La prórroga general del plazo se atribuye a la incertidumbre sobre la disponibilidad y viabilidad de alternativas no tóxicas en el mercado.

El sector de la caza ha acogido con satisfacción estas modificaciones, argumentando que la propuesta original ponía en riesgo el futuro de su actividad. La Federación Europea de Asociaciones de Caza y Conservación ha expresado su agrado, destacando que la mayoría de sus recomendaciones han sido integradas en la propuesta final, considerándola un enfoque más equilibrado y pragmático para los cazadores europeos. La propuesta ahora se someterá a un período de revisión de tres meses en el Parlamento Europeo y el Consejo. Dada la magnitud de los cambios introducidos por los Estados miembros, se anticipa que el Parlamento Europeo no presentará objeciones significativas.

No obstante, la decisión ha sido recibida con preocupación por parte de los expertos en contaminación y salud ambiental. Rafael Mateo, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) de Barcelona, ha lamentado que esta prórroga permitirá que se sigan liberando toneladas de plomo en el medio ambiente, con consecuencias perjudiciales para los suelos, la fauna y la salud humana. Mateo ha ilustrado la magnitud del problema explicando que cada cartucho de caza contiene alrededor de 300 perdigones de plomo, sumando aproximadamente 32 gramos, de los cuales la mayoría termina disperso en el entorno tras cada disparo. Las balas, por su parte, fragmentan el plomo en cientos o miles de partículas que pueden alcanzar distancias considerables.

Las aves, especialmente las que consumen grano o son rapaces, se encuentran entre las especies más afectadas. Las primeras ingieren los perdigones confundiéndolos con alimento o pequeñas piedras, mientras que las rapaces se intoxican al consumir presas que contienen fragmentos de plomo. La contaminación es particularmente evidente en humedales y masas de agua, donde, a pesar de la prohibición de la caza con plomo desde 2023, se encuentran densidades alarmantes de perdigones en los sedimentos, como en el caso de las Tablas de Daimiel, donde aún se registran 100 perdigones por metro cuadrado a pesar de que la caza se prohibió hace medio siglo.

Esta medida representa un compromiso complejo entre la protección ambiental y las preocupaciones socioeconómicas y tradicionales del sector de la caza. Aunque se da un paso hacia la reducción del plomo, la extensión del plazo implica que los ecosistemas y la biodiversidad seguirán expuestos a este contaminante durante varios años más.