La Extracción Ilegal de Agua en Doñana Persiste: Más de 3.000 Hectáreas Siguen Sometiendo a Presión el Acuífero

La organización ambiental WWF ha lanzado una advertencia sobre la situación crítica del acuífero de Doñana, donde la extracción ilícita de agua persiste y genera una presión insostenible. Aunque se ha logrado reducir significativamente la superficie de cultivos de frutos rojos bajo plástico que usaban agua de forma ilegal, la expansión de otras plantaciones de regadío ilegales, como el olivar superintensivo y los cítricos, está provocando que más de 3.000 hectáreas en el área sigan explotando el recurso hídrico de manera no autorizada. Esta situación no solo amenaza la integridad de los ecosistemas del Parque Nacional, sino que también afecta los usos legales del agua y genera una competencia desleal para los agricultores que sí cumplen con la normativa, comprometiendo además las reservas de agua para el consumo humano.

El informe de WWF, titulado “El robo de agua en España”, subraya la gravedad de la gestión hídrica en Doñana y destaca que este problema se extiende a otras regiones como las demarcaciones del Tinto, Odiel y Piedra, Almería y la comarca de Baza. Ante este panorama, WWF ha instado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y a otras administraciones a implementar medidas más enérgicas para detener la sustracción de agua, considerando que el acuífero se encuentra en una situación de sobreexplotación generalizada. La condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de directivas comunitarias y las advertencias de la UNESCO sobre la posible inclusión de Doñana en la lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro, son claras muestras de la urgencia de la situación.

Para abordar esta crisis, WWF propone fortalecer los organismos de cuenca con mayores recursos económicos, tecnológicos y humanos, especialmente en el ámbito legal, y garantizar una coordinación efectiva entre el Estado, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Además, se sugiere modificar la normativa para permitir el cierre cautelar y automático de las instalaciones que presenten indicios de uso privativo no autorizado del agua. Esta medida busca eliminar el incentivo económico para prolongar las explotaciones ilegales, que a menudo se benefician de la lentitud de los procesos administrativos y judiciales. Asimismo, se hace un llamado a vigilar la franja de acuíferos compartidos de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedra, que ya muestra signos de deterioro similares a los del acuífero de Doñana, el cual ha sido declarado en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo en varias de sus masas.

La protección de Doñana y sus recursos hídricos es un imperativo que trasciende lo local. Es un llamado a la responsabilidad colectiva para asegurar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, garantizar la equidad en el acceso a recursos vitales y preservar el patrimonio natural para las futuras generaciones. La acción decidida y coordinada de todas las partes involucradas es fundamental para revertir el daño y sentar las bases de una gestión hídrica justa y sostenible que beneficie a todos.