La Mesa Social del Agua Denuncia Desvío de Fondos en Andalucía y Alerta Sobre el Bloqueo en Depuración

La Mesa Social del Agua ha expresado su preocupación por el uso de los fondos del canon del agua en Andalucía. Denuncian que este tributo, originalmente destinado al saneamiento y la depuración, se está desviando para financiar proyectos de control de inundaciones, lo que agrava la ya deficiente situación de depuración de aguas residuales en la región. Esta práctica, según las organizaciones, vulnera la finalidad de la contribución ciudadana y pone en riesgo el cumplimiento de las normativas europeas en materia de tratamiento de aguas.

El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas fue establecido con el objetivo principal de abordar la carencia de infraestructuras para la depuración de aguas residuales en Andalucía, un problema estructural de larga data. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha optado por expandir el alcance de estos fondos, utilizándolos para costear intervenciones relacionadas con las inundaciones, como la restauración de cauces o la mejora de infraestructuras hídricas. Esta reorientación de los recursos contradice la concepción original del tributo, desdibujando su propósito inicial y generando una inconsistencia en la política hídrica regional.

A pesar de los esfuerzos, la situación de la depuración en Andalucía sigue siendo un desafío ambiental significativo. La comunidad autónoma continúa registrando altos niveles de incumplimiento de la Directiva europea 91/271/CEE, que regula el tratamiento de aguas residuales urbanas. Incluso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sancionado a España por la insuficiencia de infraestructuras en numerosas aglomeraciones urbanas, muchas de las cuales se encuentran en territorio andaluz. La falta de depuradoras o colectores adecuados en varios municipios sigue impidiendo el cumplimiento de los parámetros de vertido, lo que demuestra que los problemas estructurales persisten.

Un punto de crítica central de la Mesa Social del Agua radica en el origen y destino de los fondos. El canon no proviene de los presupuestos autonómicos, sino que es pagado directamente por los ciudadanos a través de sus facturas de agua. Esta mecánica crea una paradoja: los usuarios pagan por servicios de depuración y saneamiento, pero sus contribuciones se desvían a otros fines, rompiendo así el principio fundamental de que quien paga debe recibir el servicio correspondiente. Esta disparidad socava la confianza pública en el sistema y plantea serias dudas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Además, el manejo de estos fondos presenta una marcada desigualdad territorial. Las intervenciones financiadas con el canon se concentran en las cuencas intracomunitarias andaluzas, que abarcan aproximadamente un tercio de la región (Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras). No obstante, el canon es abonado por la totalidad de la ciudadanía andaluza. Esto implica que una gran parte de los contribuyentes financian proyectos de los cuales no obtienen un beneficio directo, generando una inequidad en la distribución de los recursos y en la atención de las necesidades hídricas.

Las organizaciones reconocen la importancia de las acciones para mitigar las inundaciones, especialmente en un contexto de cambio climático que intensifica los eventos extremos. Sin embargo, enfatizan que estas medidas deben contar con financiación específica y no a expensas de otros programas esenciales. Insisten en la necesidad de soluciones estructurales y sostenibles que aumenten la resiliencia del territorio. Desviar fondos de la depuración para atender emergencias por inundaciones no solo no resuelve el problema subyacente, sino que exacerba los déficits existentes en el tratamiento de aguas residuales, generando un conflicto entre diferentes prioridades ambientales.

La falta de un sistema de depuración eficiente y transparente compromete el cumplimiento de las normativas legales y deteriora la credibilidad en la administración de los recursos hídricos. La coherencia en el uso del canon es esencial para mantener la confianza ciudadana y asegurar un desarrollo ambiental sostenible.