Pueblos Indígenas Mexicanos Defienden Su Tierra Contra Megaplanta de Amoníaco

En un acto de resistencia pacífica y determinación, las comunidades indígenas mayo-yoreme, agrupadas bajo el colectivo "¡Aquí No!", han iniciado una ocupación indefinida de las instalaciones de la planta de amoníaco de Proman, un conglomerado suizo-alemán, situada en la bahía de Ohuira, Sinaloa, México. Esta acción, que comenzó el lunes por la madrugada, busca impedir la operación de la planta, argumentando que su funcionamiento resultaría en la aniquilación de una reserva natural y el desplazamiento forzoso de las poblaciones originarias que habitan la región. Los manifestantes han erigido campamentos y expresan su firme intención de permanecer en el sitio hasta obtener una respuesta satisfactoria del gobierno federal, rechazando cualquier diálogo directo con la empresa, como lo ha manifestado Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y portavoz del movimiento.

La toma de estas instalaciones representa un momento trascendental en la lucha de doce años que estas comunidades han sostenido contra el desarrollo de la Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial de Proman, en la zona portuaria de Topolobampo. Los líderes indígenas han dejado claro a las autoridades que la entrada a la planta permanecerá cerrada. Entre 150 y 200 personas, miembros de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, han participado en esta ocupación, desplegando la bandera de "¡Aquí No!" y demandando la paralización y clausura definitiva de esta megaplanta, la cual ya cuenta con un avance del 88%. Además de la cancelación, exigen una compensación por los perjuicios ambientales ya ocasionados, incluyendo la tala de manglares y el relleno de 28 hectáreas de humedales, en una zona reconocida como sitio Ramsar por su importancia ecológica internacional. Subrayan la necesidad de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actúe ante el daño ecológico y que la planta no sea reubicada, desmintiendo la narrativa de "desarrollo económico y sustentable" promovida por GPO.

Desde 2014, las comunidades indígenas mayo-yoreme han perseverado en la defensa de su territorio y en la reivindicación de su derecho a la consulta previa, libre e informada, logrando que el caso llegara hasta la Suprema Corte de Justicia en 2022. A pesar de los desafíos, incluyendo presuntos actos de corrupción en las consultas, la resonancia de su lema "¡Aquí No!" ha captado la atención de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, quienes han emitido advertencias a los gobiernos de Alemania, Suiza y México sobre los graves peligros de esta instalación. Se alertó sobre la posibilidad de fugas de nubes tóxicas y la contaminación del delicado ecosistema, del cual dependen diariamente 6.600 personas, poniendo en peligro la supervivencia misma de los pueblos originarios de Topolobampo.

La persistencia y el coraje de las comunidades indígenas mayo-yoreme en la defensa de su patrimonio natural y cultural son un testimonio elocuente del poder de la unidad y la convicción. Su lucha no solo busca proteger un ecosistema vital, sino también reafirmar el derecho inalienable de los pueblos originarios a decidir sobre su tierra y su futuro. Este movimiento nos recuerda la importancia de escuchar y respetar las voces de quienes han sido custodios de la tierra por generaciones, y la urgencia de priorizar la sostenibilidad y el bienestar comunitario sobre los intereses económicos. Su resistencia es una inspiración para todos aquellos que creen en la justicia ambiental y social.