Regulaciones más estrictas para el consumo energético y hídrico en centros de datos españoles

España está tomando medidas proactivas para garantizar que el crecimiento exponencial de los centros de datos sea compatible con los objetivos de sostenibilidad ambiental. Un reciente proyecto de Real Decreto, impulsado por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, establece normativas rigurosas para el consumo de energía y agua en estas infraestructuras. El objetivo primordial es que los centros de datos se conviertan en motores de la economía digital sin comprometer los recursos naturales, fomentando un despliegue ordenado y ecológicamente responsable.

Nuevas Directrices para Centros de Datos en España

A partir del 27 de agosto de 2026, el Gobierno español, a través de los Ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de Real Decreto. Este decreto, sometido a audiencia pública urgente, establece que los centros de datos de nueva construcción en España deberán abastecerse, como mínimo, de un 80% de energía renovable, y esta debe provenir de instalaciones de nueva creación. La normativa busca no solo impulsar el uso de energías limpias, sino también asegurar un despliegue sostenible y coherente de estas infraestructuras que, por su naturaleza, son grandes consumidoras de recursos como el agua y la electricidad.

El corazón de la nueva regulación radica en la exigencia de que cada nuevo megavatio (MW) de consumo eléctrico sea compensado por un nuevo MW renovable instalado en los dieciocho meses previos a la puesta en marcha del centro. Esta acreditación se verificará de manera horaria y podrá realizarse mediante autoconsumo o a través de Contratos de Compraventa de Energía (PPA) a largo plazo, una estrategia que facilita la financiación de nuevas plantas de energía verde. Además, se elevarán significativamente los estándares de eficiencia energética e hídrica, en sintonía con el futuro etiquetado europeo, cuya implementación está prevista para agosto de 2027. A partir de esa fecha, los centros de datos deberán alcanzar el nivel más alto de la norma europea, la categoría A, tanto para la eficiencia energética (Power Usage Effectiveness) como para la eficiencia hídrica (Water Usage Effectiveness).

Los proyectos que aspiren a conectarse a la red eléctrica española deberán demostrar el cumplimiento de estos requisitos para obtener los necesarios derechos de acceso y conexión. El incumplimiento de estas obligaciones acarreará sanciones económicas crecientes y, en última instancia, la revocación de dichos derechos. Los fondos recaudados por estas penalizaciones se destinarán a compensar los sobrecostes que la falta de cumplimiento en la adicionalidad y correlación horaria de consumo de renovables pueda generar en el sistema eléctrico, impactando así directamente en las facturas de electricidad de los consumidores.

Los proyectos ya en tramitación dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva normativa, o de tres meses si se encuentran pendientes de un concurso de acceso a la red eléctrica. De no hacerlo, deberán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin la ejecución de las garantías correspondientes.

El Gobierno subraya que España se ha convertido en un polo de atracción para los centros de datos, superando las expectativas de la Estrategia de Inteligencia Artificial al otorgar más de 12 gigavatios (GW) en derechos de acceso a la red desde 2021, frente a una previsión inicial de entre 3,5 y 4 GW. Esta situación presenta una oportunidad única para la digitalización de la economía y la consolidación de la soberanía digital de la Unión Europea, siempre y cuando el desarrollo de estos centros se realice bajo criterios de sostenibilidad ambiental. La normativa busca asegurar que España atraiga a los centros de datos más beneficiosos y con menor impacto ecológico, estableciendo requisitos específicos para instalaciones con una potencia eléctrica superior a 1 MW, dada su relevancia territorial, hídrica y ambiental.

Adicionalmente, todos los centros de datos con una potencia superior a 500 kW estarán obligados a reportar al Ministerio para la Transición Ecológica sus datos de eficiencia energética y sostenibilidad. Aquellos que superen 1 MW deberán, además, detallar cómo aplican las mejores prácticas del código de conducta europeo sobre eficiencia energética para centros de datos.

La implementación de este Real Decreto representa un paso crucial para España, posicionándola como un líder en el fomento de una infraestructura digital más verde. La exigencia de energía renovable de nueva instalación y los estrictos criterios de eficiencia garantizan que el crecimiento del sector tecnológico se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. Esta medida no solo beneficia al planeta, sino que también establece un precedente para otros países, demostrando que la innovación y la sostenibilidad pueden, y deben, ir de la mano en la era digital.