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Desarrollo Duradero

Nuevas Directrices Gubernamentales para Centros de Datos en España: Flexibilidad y Compromiso con Energías Renovables

fechaOct 28, 2026
Read time3 min
El Gobierno de España ha introducido ajustes en la normativa que rige el consumo energético de los centros de datos, buscando un equilibrio entre la creciente demanda tecnológica y la sostenibilidad ambiental. Estas nuevas disposiciones, que amplían plazos y flexibilizan ciertos requisitos, mantienen el compromiso con la utilización de energías renovables como pilar fundamental.

España Impulsa la Sostenibilidad Digital: Centros de Datos y Energías Limpias

Ampliación de Plazos para la Transición Energética de Centros de Datos

El borrador actual para la regulación de los centros de datos en España presenta novedades significativas, extendiendo de 18 a 36 meses el período permitido para la antigüedad de las instalaciones renovables a las que se vinculen. Además, la duración mínima de los contratos de suministro se reduce de diez a seis años. La normativa también contempla la integración de baterías y permite el uso de plantas fotovoltaicas sin restricciones de antigüedad, siempre que no tuvieran contratos previos de compra de electricidad renovable a largo plazo. Las empresas tendrán seis meses, a partir de la firma del contrato de acceso a la red, para cumplir con los requisitos de generación renovable hasta principios de 2029.

Requisitos Energéticos y Proyectos Estratégicos Europeos

Para aquellos centros de datos vinculados a proyectos estratégicos europeos enfocados en la soberanía digital, se establece un plazo aún más amplio, de hasta 60 meses, para asegurar su abastecimiento con energías renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) subraya que estas modificaciones no comprometen la ambición medioambiental de la propuesta inicial. La creciente demanda de energía por parte de los centros de datos, proyectada para duplicarse en 2030 y representar cerca del 3% del consumo eléctrico global, justifica la relevancia de esta regulación, que busca mitigar impactos en los recursos hídricos y el precio de la electricidad.

Flexibilidad en los Tiempos y Elementos Clave de la Regulación

La nueva propuesta de Real Decreto, enviada al Consejo de Estado, mantiene la exigencia primordial de que los centros de datos demuestren que el 80% de su consumo total proviene de autoconsumo o de la compra de electricidad renovable generada en España. La flexibilidad se observa en la posibilidad de que las instalaciones renovables asociadas tengan hasta 36 meses de antigüedad antes de la puesta en marcha del centro de datos. Asimismo, se incorporan sistemas de almacenamiento con baterías y se permite el uso de electricidad de plantas solares fotovoltaicas existentes, sin importar su fecha de construcción, siempre que no tuvieran contratos renovables previos.

Incentivos para Proyectos Europeos y Umbral de Aplicación

Los centros de datos que formen parte de iniciativas europeas estratégicas disfrutarán de un plazo extendido de hasta 60 meses para implementar medidas de autoconsumo o compra de energía renovable. Además, el umbral general de aplicación se eleva de 1 a 10 megavatios (MW) de potencia de acceso, enfocando la regulación en los grandes centros de datos. Aquellos con más de 10 MW deberán consumir predominantemente energía renovable hasta que el mix energético nacional alcance un 90% renovable. Para cumplir con la correlación horaria renovable, se ofrece un período de adaptación de cinco años con objetivos progresivos, a cambio de su integración en un sistema de reducción automática de potencia para desconexión en momentos de tensión en la red.

Eficiencia Hídrica y Soberanía Digital

En el ámbito de la gestión hídrica, los centros de datos deberán adherirse a los más altos estándares de etiquetado europeo en cuanto al consumo de agua. El margen transitorio de eficiencia energética (PUE) se incrementa de 1,15 a 1,25, considerando las condiciones climáticas. Este margen se aplicará hasta finales de 2031 para las instalaciones que firmen su contrato de acceso a la red antes de 2029. En cuanto a la soberanía digital, el decreto enfatiza la obligación de alojar los datos públicos más sensibles dentro de la Unión Europea, permitiendo soporte técnico remoto desde terceros países solo en casos estrictamente necesarios. Esta propuesta española se perfila como una de las más ambiciosas y protectoras en el panorama europeo.

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