Ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, un colectivo de destacadas organizaciones ecologistas ha alzado su voz para demandar un compromiso firme y transversal de todos los partidos políticos. Su propuesta central radica en la necesidad imperante de establecer un gran acuerdo que sitúe la protección del medio ambiente y la equidad social en el eje de las políticas públicas. Este pacto busca afrontar de manera decisiva la crisis climática y la alarmante pérdida de biodiversidad, elementos cruciales para garantizar un futuro habitable y justo para toda la ciudadanía.
Las organizaciones insisten en la urgencia de abandonar el cortoplacismo y la polarización, promoviendo en su lugar políticas basadas en la evidencia científica y dotadas de una financiación adecuada. Subrayan que la defensa de la naturaleza es intrínseca a la salvaguarda de la salud, los derechos y la seguridad de la sociedad. Por ello, es esencial una transición ecológica equitativa, que involucre activamente a la ciudadanía en las decisiones que configuran el futuro del territorio y sus recursos naturales.
La Urgencia de una Acción Climática Basada en la Ciencia y con Financiación Sólida
Diversas entidades ecologistas, con una trayectoria de más de dos décadas en la publicación de programas preelectorales, han presentado sus directrices para las elecciones del 29 de noviembre. Su objetivo es claro: integrar la protección del medio ambiente y la justicia social en el centro del debate político, promoviendo un acuerdo significativo entre las fuerzas políticas para afrontar la emergencia climática y la disminución de la biodiversidad. Esta iniciativa busca asegurar el bienestar de la población y sentar las bases para un futuro seguro y sostenible. Las organizaciones demandan a los partidos la adopción de compromisos audaces, específicos y medibles que permitan enfrentar los desafíos ambientales y asegurar una vida digna para las generaciones actuales y futuras. La ciencia debe guiar las políticas y la financiación adecuada debe respaldar estas medidas.
Frente a la inmediatez y la división política, el movimiento ecologista recalca que salvaguardar el entorno natural es fundamental para proteger la salud, los derechos, la seguridad y el bienestar de la sociedad. Por ello, solicitan un gran acuerdo político que impulse acciones basadas en el conocimiento científico, con recursos económicos suficientes, que garantice una transformación ecológica equitativa y que fomente la participación ciudadana efectiva en las decisiones que afectan su entorno. El impacto de la pérdida acelerada de biodiversidad y la emergencia climática ya se manifiesta en la vida cotidiana de las personas, exacerbando problemas de salud, elevando el costo de los alimentos, destruyendo hogares, poniendo en riesgo la seguridad y profundizando las desigualdades. España, particularmente vulnerable al cambio climático, experimenta con frecuencia fenómenos extremos como olas de calor, sequías prolongadas, lluvias torrenciales, inundaciones e incendios forestales, lo que subraya la necesidad de actuar con premura.
Propuestas Clave para una Legislatura Sostenible y Justa: del Urbanismo a la Economía
Para la próxima legislatura, estas organizaciones han delineado seis pilares fundamentales, con propuestas que van desde la transformación urbana hasta la economía. Entre ellas se incluyen la rehabilitación de espacios urbanos para mitigar el impacto de las altas temperaturas, el impulso del transporte público, la fijación de un cronograma para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles para el año 2040, la detención del declive de especies silvestres y ecosistemas, y la implementación de estrategias para la prevención de incendios e inundaciones. Estas medidas son cruciales para abordar los desafíos ambientales actuales y construir un futuro más resiliente y equitativo. La propuesta abarca una visión integral para el desarrollo sostenible.
El plan de acción propuesto, denominado Programa por la Tierra 2026, abarca diversas áreas críticas. En primer lugar, se busca transformar las comunidades para mejorar la calidad de vida, promoviendo viviendas dignas, eficientes y descarbonizadas, renaturalizando los barrios para combatir el calor y fomentar la biodiversidad urbana, avanzando hacia un consumo de recursos más consciente y asegurando un sistema de transporte público de calidad. En segundo lugar, se aboga por una alimentación sana y entornos que protejan la salud, impulsando modelos agrícolas sostenibles, reduciendo el uso de pesticidas y el desperdicio de alimentos. En tercer lugar, se insta a afrontar la emergencia climática con planes de prevención de desastres naturales, acelerando la reducción de emisiones y la transición a energías renovables, con un abandono progresivo de los combustibles fósiles. El cuarto punto se centra en la recuperación de la biodiversidad, revirtiendo el declive de especies y ecosistemas y protegiendo al menos el 30% de las superficies terrestre y marina. El quinto pilar propone una economía justa que no comprometa el medio ambiente, aumentando la inversión en conservación, apoyando la agricultura y pesca sostenibles, y promoviendo una fiscalidad verde. Finalmente, el sexto punto busca fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos, garantizando la libertad de expresión, fomentando la participación ciudadana y combatiendo la desinformación, además de asegurar que los impactos ambientales y las violaciones de derechos humanos no sean externalizados fuera de la Unión Europea.
