Victoria Social y Ambiental: El Proyecto Altri de Celulosa en Galicia es Archivado

La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo al iniciar los trámites para desechar el proyecto de una vasta planta de celulosa soluble y lyocell en Palas de Rei, Lugo. Esta iniciativa, impulsada por la compañía portuguesa Altri y la española Smarttia, había generado una considerable resistencia por parte de la sociedad civil gallega debido a sus significativas repercusiones ambientales y sociales. El movimiento, conocido como «Altri NON», canalizó la indignación ciudadana, evocando la determinación demostrada durante la crisis del Prestige, y culminó en una victoria para quienes priorizan la conservación del entorno natural y el bienestar comunitario sobre los intereses industriales.

El rechazo al plan de la planta fue amplio y diverso, aglutinando a diversas entidades. Grupos ecologistas prominentes como Greenpeace, Adega y Ecoloxistas en Acción se unieron a la causa, alertando sobre los riesgos ecológicos. Paralelamente, organizaciones vecinales y sectoriales, como Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, expresaron su preocupación por el impacto local. Sindicatos, incluido el mayoritario CIG, y partidos políticos como el BNG, Sumar, Podemos y el PSOE, también manifestaron su oposición. Incluso el Consello da Cultura Galega, un influyente organismo que integra a universidades y centros de investigación, se posicionó en contra, subrayando la magnitud del consenso en torno a la inviabilidad del proyecto. Estos colectivos argumentaron que la instalación no solo consumiría grandes volúmenes de agua del río Ulla para sus procesos y la devolvería tratada, sino que también contaminaría la vital Ría de Arousa, un pilar del marisqueo local, amenazando la subsistencia de pescadores, ganaderos, agricultores y la industria turística vinculada al Camino de Santiago, además de representar un riesgo para la salud humana.

La profunda desaprobación pública se hizo palpable a través de numerosas manifestaciones masivas. Destacan las multitudinarias marchas que llenaron las calles de Santiago de Compostela en diciembre de 2024 y 2025, así como la movilización conjunta por tierra y mar en A Pobra do Caramiñal, A Coruña, el 22 de marzo. A pesar de estas claras señales de oposición y las más de 27.000 alegaciones presentadas contra el proyecto de Greenfiber (una sociedad entre Altri y Smarttia), la Xunta inicialmente otorgó una Declaración de Impacto Ambiental favorable. Sin embargo, la persistente falta de una solución viable para la conexión del proyecto a la red eléctrica nacional, ausente en la Planificación Energética 2025-2030, ha sido el factor determinante. Según la Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, carece de sentido avanzar en la tramitación ambiental si el aspecto industrial esencial no está resuelto. Aunque Greenfiber dispone de un plazo de tres meses para presentar una justificación para su conexión eléctrica, la administración autonómica considera improbable que esto se concrete antes de 2030, lo que ha llevado al inicio del procedimiento de archivo.

Greenfiber ha interpretado esta decisión de la administración central como una medida de carácter político más que técnico, señalando que sus alegaciones previas al Ministerio para la Transición Ecológica no han recibido respuesta. A pesar de este revés, la compañía ha declarado que está explorando diversas alternativas técnicas para asegurar su conexión a la red eléctrica, independientemente de los planes futuros de Red Eléctrica Española. Expertos consultados por EFEverde sugieren que la infraestructura eléctrica se planifica en áreas con un claro interés económico y múltiples potenciales usuarios. Dada la unicidad de este proyecto industrial en la zona, la obtención de la subestación eléctrica necesaria se presenta como un desafío significativo. Inicialmente concebido bajo el paraguas de Impulsa Galicia para revitalizar la economía post-COVID-19 y gestionar de forma sostenible los bosques gallegos, el proyecto GAMA, presentado por Altri, contó con el respaldo de la Xunta y el Parlamento gallego en 2022, siendo declarado Proyecto Industrial Estratégico. Sin embargo, el conocimiento progresivo de sus posibles impactos llevó a un cambio de postura en formaciones como el BNG, que pasaron de apoyar a oponerse frontalmente. La titularidad del proyecto se transfirió a Greenfiber en julio de 2023, una alianza entre Altri y Smarttia, esta última controlada por el millonario gallego Manuel García Pardo, fundador de Greenalia. En última instancia, la decisión de archivar el proyecto subraya el poder de la movilización ciudadana y la relevancia de una planificación sostenible en la política industrial.