Asturias aprueba la caza de 67 lobos para la gestión poblacional

El Principado de Asturias ha resuelto retomar la intervención sobre la población de lobos, autorizando la eliminación de hasta 67 ejemplares. Esta acción se enmarca en un plan diseñado para conciliar la preservación del lobo ibérico con la defensa de la actividad ganadera, que ha sufrido un incremento en los ataques. Se estima que en el territorio asturiano habitan entre 412 y 460 lobos. Esta medida responde a un incremento en los incidentes con ganado y busca establecer un equilibrio, especialmente después de que acciones similares fueran suspendidas por decisiones judiciales.

Detalles sobre la nueva regulación de caza de lobos en Asturias

El 20 de agosto de 2026, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno de Asturias anunció una medida significativa para la gestión de la fauna salvaje en la región. Se ha dado luz verde a la caza de un máximo de 67 lobos, en un esfuerzo por controlar la población de estos cánidos y mitigar los daños al sector ganadero. Se prevé que esta autorización comience a aplicarse en septiembre del mismo año, una vez finalizados todos los trámites administrativos necesarios.

Esta estrategia, que forma parte del II Plan de Gestión del Lobo, llega en un momento en que el Gobierno asturiano busca reactivar los controles de población de lobos, que habían sido paralizados debido a resoluciones judiciales previas. Las autoridades consideran que la cifra de 67 lobos es adecuada para mantener un equilibrio entre la conservación de la especie y la viabilidad de las explotaciones ganaderas, que han reportado un aumento en los ataques.

Los métodos para llevar a cabo estos controles incluirán aguardos o recechos selectivos, ejecutados por agentes medioambientales o personal debidamente autorizado. También se contemplan actuaciones de apoyo durante cacerías de otras especies y, en situaciones que lo requieran, batidas coordinadas por agentes medioambientales. Las principales fases de control se efectuarán durante los meses de enero a abril y de septiembre a diciembre. Sin embargo, en casos de ejemplares que causen daños de manera reiterada, se podrán realizar intervenciones puntuales de mayo a agosto. Adicionalmente, si las circunstancias lo demandan, se permitirán extracciones fuera de las zonas de gestión específicas a lo largo de todo el año.

La distribución de estos controles se ha planificado por zonas. La región Centro-oriental de Asturias verá la mayor cantidad de extracciones, con nueve ejemplares. Le seguirán las zonas de El Palo-Esva, Centro-occidental y Central, con ocho cada una. En la Noroccidental se permitirán siete lobos, en la Suroccidental cuatro, y en la comarca de Picos de Europa, fuera del Parque Nacional, se autorizarán cinco. Para las áreas que no tienen una gestión específica, se ha aprobado la eliminación de hasta 18 animales, con la posibilidad de aumentar esta cifra si se considera necesario.

Según el último censo realizado por el Principado, el lobo ocupa actualmente un 83% del territorio asturiano, abarcando aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados. En esta vasta extensión, se han identificado 50 manadas, de las cuales 46 se consideran reproductoras.

Los datos de 2025 muestran que se confirmaron ataques a 3.893 cabezas de ganado, lo que representa un aumento del 30% en comparación con 2021. Las indemnizaciones pagadas a los ganaderos ascendieron a 1,9 millones de euros, un incremento del 59% respecto a cuatro años antes. Esta situación ha llevado al Gobierno asturiano a modificar el II Plan de Gestión del Lobo en junio, adaptándolo a los cambios normativos y a las directrices del Tribunal Supremo. Esta revisión responde a una sentencia que anuló el programa de control de 2022-2023, tras un recurso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). La nueva normativa ajusta el artículo anulado y considera la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Finalmente, el programa de actuaciones de control establece que los cupos de extracción se determinarán a partir del análisis de los datos poblacionales, la evolución de los daños, la evaluación del nivel de conflictividad social y la disponibilidad de presas silvestres. EFE Verde.

Esta decisión, aunque necesaria para mitigar el impacto en la ganadería, subraya el constante desafío de equilibrar la conservación de especies emblemáticas con las actividades humanas. La gestión de poblaciones de grandes depredadores como el lobo es un tema complejo, que requiere un monitoreo continuo y la adaptación de políticas basadas en datos científicos y la realidad social y económica del territorio. Es esencial que se mantenga un diálogo abierto entre conservacionistas, ganaderos y autoridades para encontrar soluciones sostenibles que permitan la coexistencia y el bienestar de todas las partes involucradas.