El Gobierno español ha presentado una versión actualizada de su normativa para centros de datos, buscando un equilibrio entre las exigencias de sostenibilidad y las necesidades del sector tecnológico. Este nuevo borrador eleva el límite de potencia para la aplicación de las principales directrices energéticas de 1 a 10 megavatios, a la vez que insiste en la obligatoriedad de que al menos el 80% del consumo eléctrico horario provenga de fuentes renovables. La propuesta introduce ciertas flexibilidades, como la extensión a 36 meses de la antigüedad permitida para las instalaciones renovables asociadas, la inclusión de sistemas de almacenamiento de baterías, y un plazo transitorio de cinco años para algunos proyectos, bajo la condición de aceptar posibles cortes en el suministro eléctrico. Sin embargo, estas modificaciones no han logrado satisfacer a todas las partes implicadas. Organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación, argumentando que el decreto disminuye la ambición ambiental, mientras que la industria de centros de datos considera que los requisitos energéticos siguen siendo inasumibles y rechaza la cláusula de interrupción del suministro, creando un debate polarizado en torno al futuro energético y tecnológico del país.
El Gobierno Revisa su Normativa sobre Centros de Datos en Medio de Fuertes Críticas
El 3 de noviembre de 2026, el Gobierno español envió al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regulará los centros de datos, una medida que ha intensificado las protestas de las organizaciones ecologistas y no ha logrado calmar la inquietud de los promotores del sector. Mientras el Ejecutivo defiende su propuesta como "ambiciosa" y un "impulso adicional" para la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento energético, los grupos ecologistas, entre ellos Greenpeace y Ecologistas en Acción, la consideran un retroceso en la ambición ambiental. Estos grupos han convocado movilizaciones para los días 6 y 7 de noviembre en ciudades como Madrid, Zaragoza, Huesca, Granada y Cerdanyola del Vallés. Por su parte, la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) ha manifestado su descontento, alegando que el texto mantiene condiciones "inviables" y añade "nuevos riesgos", especialmente la obligatoriedad de aceptar interrupciones del suministro eléctrico para aquellos que opten por un periodo de transición. Incluso el sector renovable, representado por APPA Renovables, sugiere que el proyecto es mejorable y contiene exigencias difíciles de cumplir. Un informe de EnergyTag y PyPSA Labs apoya la necesidad de que los centros de datos se alimenten con nueva generación renovable, aunque sugiere un objetivo de suministro renovable anual del 80% que aumente al 90% al final del periodo transitorio, en contraste con el umbral horario del 80% establecido por el Gobierno. Estas tensiones se enmarcan en un contexto europeo, donde el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 ya impone obligaciones de información sobre el consumo energético, agua, reutilización del calor y participación renovable para centros con una potencia instalada superior a los 500 kilovatios.
Desde una perspectiva periodística, la situación actual pone de manifiesto la complejidad de legislar en la intersección de la sostenibilidad ambiental y el avance tecnológico. El Gobierno se enfrenta al desafío de fomentar la inversión en infraestructura digital, esencial para el desarrollo económico, sin comprometer los objetivos climáticos. La reacción de ecologistas y empresas, diametralmente opuesta, subraya la dificultad de encontrar un consenso que satisfaga a todos los actores. Este debate no solo concierne a España, sino que resuena en un contexto global donde la creciente demanda energética de los centros de datos es un punto crítico. La búsqueda de soluciones innovadoras y un diálogo constructivo serán fundamentales para asegurar que el crecimiento digital se alinee con un futuro más sostenible.
