Cinco influyentes organizaciones ecologistas han alzado su voz de alarma ante los posibles ajustes en el borrador del decreto que rige los centros de datos. Argumentan que, si las modificaciones se confirman, se traducirían en una menor exigencia ambiental, extendiendo los tiempos de adaptación y flexibilizando las condiciones de suministro de energía renovable. Su demanda es clara: que la totalidad de la energía consumida provenga de nuevas fuentes renovables, con trazabilidad horaria y geográfica, y que se establezcan topes precisos para el consumo de agua.
Organizaciones Ambientalistas Critican el Propuesto Decreto de Centros de Datos en España
El 3 de noviembre de 2026, cinco prominentes organizaciones ambientalistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF España, manifestaron su profunda inquietud ante la última versión del Real Decreto sobre centros de datos. Sus objeciones se centran en tres aspectos fundamentales que, según su análisis, representarían un paso atrás en la protección ambiental y energética. En primer lugar, la extensión del período de adaptación hasta cinco años para las nuevas instalaciones. Segundo, el incremento del umbral de potencia a partir del cual se aplicarían las regulaciones. Y tercero, una flexibilización en los requisitos para que los centros de datos cubran su consumo eléctrico con nuevas infraestructuras de energía renovable, exigiendo correspondencia horaria y geográfica.
Estas organizaciones insisten en que la capacidad de desconexión de los centros de datos frente a picos de demanda eléctrica es una medida favorable, pero de ninguna manera debe sustituir la obligación de que la creciente demanda energética sea compensada con la implementación de nuevas fuentes renovables. Subrayan que un suministro eléctrico totalmente renovable, con una rigurosa trazabilidad y correlación temporal y espacial, es esencial para evitar la dependencia de los combustibles fósiles, el aumento de la factura eléctrica para los hogares y el desvío de la energía renovable necesaria para la descarbonización de otros sectores.
Además, resaltan que la sostenibilidad de estos centros no puede limitarse únicamente a su eficiencia energética e hídrica. Es imperativo imponer límites absolutos al consumo de agua, ajustados a la disponibilidad de cada cuenca hidrográfica. También es crucial asegurar la salvaguarda de la biodiversidad y los ecosistemas, priorizando la ubicación de estas infraestructuras en terrenos ya urbanizados y sometiendo todos los proyectos a evaluaciones ambientales rigurosas que consideren sus impactos acumulativos, así como las infraestructuras asociadas. La participación ciudadana adecuada y una rendición de cuentas efectiva son también elementos indispensables.
Un estudio reciente de la Universidad Técnica de Berlín proyecta que la factura eléctrica anual podría aumentar en 2.000 millones de euros si el decreto actual no se endurece. En este contexto, se ha organizado una convocatoria europea, bajo el lema "STOP Dirty Data Centres", con movilizaciones programadas para el 6 y 7 de noviembre en diversas localidades españolas (Madrid, Cerdanyola del Vallès, Granada, Lugo, Zamora, Zaragoza, Huesca, Navarra, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Huelva), con el fin de exigir una regulación estricta y un despliegue ordenado de estas instalaciones. Ecologistas en Acción ya ha presentado sus recomendaciones al Consejo de Estado, buscando influir en la redacción final de un texto que sea verdaderamente ambicioso.
El desafío energético es considerable. La Agencia Internacional de la Energía anticipa que el consumo global de electricidad de los centros de datos podría duplicarse entre 2025 y 2030, alcanzando casi el 3% de la demanda mundial. Por ello, la integración de estas nuevas instalaciones con suficiente generación, almacenamiento y capacidad de red renovable es vital para gestionar esta creciente demanda sin obstaculizar la electrificación de otros sectores.
Este caso nos recuerda la importancia de una supervisión rigurosa por parte de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas. La tecnología, aunque esencial para el progreso, no puede avanzar a expensas de nuestro medio ambiente. La transición digital debe ser intrínsecamente sostenible, y es el momento de que los gobiernos demuestren su compromiso con un futuro donde la eficiencia y el respeto por los recursos naturales sean la norma, no la excepción. La implementación de un decreto robusto y transparente es fundamental para garantizar que el crecimiento de los centros de datos no comprometa nuestros objetivos climáticos y ambientales.
